Violencia y acoso política contra las mujeres
La República Dominicana forma parte de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estos, mediante el reconocimiento de las diferentes formas de violencia que padecen las mujeres en todos los espacios, han adoptado mecanismos tendentes a erradicarla y protegerla.
En ese compromiso, se ha creado una Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la vida Política. La misma sirve de guía para promover y sancionar esta práctica. De igual manera, responsabiliza a los órganos electorales de los países partes para promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres en el ámbito de sus atribuciones.
En ese compromiso, el Poder Legislativo ha introducido por primera vez un régimen sancionador para la violencia política contra las mujeres en razón de género. En la Ley de Régimen Electoral 20-23, en el Artículo 316, se establece que la violencia política contra las mujeres es una práctica que desincentiva su participación en la política y anula la posibilidad de acceder a cargos donde se tomen decisiones tendentes a crear y fomentar el estado de derecho para mujeres y hombres. Además, cercena la participación e inclusión de las mujeres en los estamentos e instancias públicas y privadas, en condiciones de igualdad.
La violencia política contra las mujeres es una práctica perjudicial que socava la participación activa de las mujeres en la política y limita su acceso a cargos y decisiones que afectan la equidad de género y el estado de derecho. En este artículo, exploraremos cómo esta forma de violencia desincentiva la participación política de las mujeres y obstaculiza su inclusión en los espacios públicos y privados en condiciones de igualdad.
Definiendo la violencia política contra las mujeres
La violencia política contra las mujeres abarca una amplia gama de actos y comportamientos que tienen como objetivo atacar, intimidar o desalentar la participación política de las mujeres. Estos actos pueden incluir amenazas, agresiones físicas, difamación, acoso, discriminación y otras formas de violencia que buscan anular la voz y el poder de las mujeres en la esfera política.
El impacto en la participación política de las mujeres
La violencia política contra las mujeres tiene un impacto significativo en la participación de las mujeres en la política. Las amenazas y agresiones físicas, así como la difamación y el acoso, generan un ambiente de miedo y desconfianza que desincentiva a las mujeres para postularse a cargos políticos. La violencia política también tiene consecuencias psicológicas y emocionales que pueden llevar a las mujeres a retirarse de la vida política por completo.
La exclusión de las mujeres en la toma de decisiones
La violencia política contra las mujeres actúa como una barrera que impide que las mujeres participen plenamente en la toma de decisiones políticas. Al limitar el acceso de las mujeres a cargos políticos y socavar su autoridad, se obstaculiza la posibilidad de generar políticas que promuevan la igualdad de género y el estado de derecho para todas las personas. Esta exclusión perpetúa la desigualdad y crea un desequilibrio en la representación y voz de las mujeres en los espacios de poder.
La necesidad de medidas y políticas para combatir la violencia política
Es crucial implementar medidas y políticas efectivas para abordar y combatir la violencia política contra las mujeres. Estas medidas pueden incluir leyes y regulaciones más estrictas para prevenir y sancionar la violencia política, así como campañas de concientización y capacitación para promover la igualdad de género y el respeto a los derechos políticos de las mujeres. Es fundamental fomentar una cultura política inclusiva y segura que garantice la participación plena y sin temor de las mujeres en la vida política.
La violencia política contra las mujeres representa una amenaza para la participación política y la inclusión de las mujeres en condiciones de igualdad. Es necesario tomar medidas concretas para prevenir y combatir esta forma de violencia, a fin de promover la equidad de género, el estado de derecho y la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas en todos los ámbitos públicos y privados.